Roggio, Wagner y Ben serán procesados según Cámara Federal

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La Cámara Federal ratificó los procesamientos de exfuncionarios y empresarios.  Entre ellos Carlos Ben, Aldo Roggio y Carlos Wagner, por el motivo de las irregularidades en la licitación de dos plantas potabilizadoras de Aysa, una en la localidad bonaerense de Zárate y otra en Berazategui.

Asimismo, fuentes judiciales informaron que la Sala Io confirmó los procesamientos del extitular de Aysa y de los dos empresarios, así como de otra veintena de personas, a quienes se les impuso la prohibición de salir del país.

De hecho, en la investigación se estudian las anomalías en la licitación de dos plantas potabilizadoras: “Paraná de las Palmas”, la cual se asignó a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Odebrecht, Supercemento SAIC, Benito Roggio y José Cartellone; y la de Berazategui, a cargo de las compañías Camargo Correa y Esuco.

De igual forma, en una indagación simultánea, se intenta determinar si realizaron sobornos a funcionarios para acceder a la licitación y si hubo sobreprecios en las obras. Los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi explicaron que “el aporte de Aldo Roggio (Roggio S.A.), Tito Biagini (Cartellone S.A.) y Carlos Wagner (Esuco S.A.), en tanto el caso de presidentes de las empresas que integraban las UTE estuvo determinado por haber representado la voluntad de asociarse con otras empresas y participar en el concurso convocado por Aysa, fingiendo una real competencia”.

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Cámara Federal sigue de cerca a otros exfuncionarios  

Jueces confirmaron en la misma resolución la acusación de los exdirectores Raúl Biancuzzo, Carlos Donnoli y Antonio Caucion, y del exgerente Carlos Di Somma; así como de los empresarios Biagini, Eduardo Miguel Blomberg, Conrado Alejandro Martin, Pedro Antonio Casiraghi, Lucas Patricio Cesa, Diego Luis Pugliesso. Igualmente, Roberto Fabián Rodríguez, Gustavo Horacio Dalla Tea, Miguel Fabián Cabanne, Raúl Edgardo Batallán, Sergio Gabriel Chividini y Jaime José Juraszek, como cómplices del delito de administración fraudulenta.

“Los elementos de prueba que conforman la vasta investigación nos permiten concluir que los encartados, cada uno desde su posición o rol, contribuyó a alterar los fines del proceso licitatorio a efecto de direccionarlo hacia las empresas que finalmente resultaron adjudicatarias en condiciones favorables para éstas y en perjuicio de la Administración Pública atento las deficiencias y mayores costos” de las obras, expresaron los magistrados.

En lo que respecta a los exfuncionarios, “cabe concluir que con sus decisiones incidieron protagónicamente en los sucesos, condicionando con sus actos, dada la calidad que detentaban, la voluntad de negociar de la Administración en aras de un interés no administrativo, renunciando así la entidad para la cual prestaban sus servicios -Aysa- a optimizar los recursos para una adecuada negociación”.

“Del otro lado de la moneda, se advierte también que tal direccionamiento no podría haberse cometido sin un aporte necesario del sector privado, por cuanto los empresarios pactaron previamente con los funcionarios distribuirse los contratos, simulando licitaciones para que les sean adjudicadas las obras, el permiso para modificar las condiciones de contratación y que les fueran otorgadas nuevas obras, obteniendo como consecuencia un lucro indebido en perjuicio de las arcas públicas”, adicionaron.