Un trágico incidente en Huacho, Perú, ha dejado a la comunidad conmocionada tras la muerte de Junior, un niño de ocho años, quien recibió un disparo de un policía durante una intervención que ha sido calificada de deficiente. El suceso ocurrió el pasado fin de semana en la calle Indacochea, cuando el menor regresaba a su hogar junto a su madre después de asistir a una feria local.
Junior y su madre viajaban en una mototaxi cuando, por razones aún no esclarecidas, el vehículo se volcó en la Avenida Mercedes Indacochea. Tras el accidente, llegaron al lugar serenos municipales y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para realizar controles de rutina, incluyendo un dosaje etílico a los involucrados. En medio de la intervención, surgió un altercado verbal, que llevó al suboficial Luis Nazario Chumbe a accionar su arma de fuego. Testigos han declarado que el disparo, que parece haber rebotado antes de impactar en la cabeza del menor, generó un caos inmediato.
El niño fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Huacho, y debido a la gravedad de sus lesiones, fue posteriormente derivado al Hospital Pediátrico de La Victoria en Lima. A pesar de los esfuerzos médicos, Junior no logró sobrevivir y falleció a causa de las heridas. La desesperación de su madre, que clamaba por su hijo mientras los médicos intentaban estabilizarlo, marcó un momento desgarrador en esta tragedia.
Demandas de justicia en la comunidad
La muerte de Junior ha suscitado una ola de indignación en la comunidad educativa del colegio “Pasitos de Jesús”, donde el niño cursaba la primaria. Compañeros de clase, docentes y vecinos se han unido en un clamor por justicia, exigiendo que se esclarezcan las circunstancias que rodearon el disparo y que se sancione a los responsables. La familia de Junior ha solicitado una investigación exhaustiva que determine si existieron irregularidades o un uso excesivo de la fuerza por parte de la PNP.
“No puede ser que un niño inocente pierda la vida de esta manera. Exigimos que se haga justicia”, expresó un familiar en medio de la conmoción colectiva. La comunidad ha comenzado a organizar marchas y manifestaciones para exigir respuestas y una revisión de los protocolos policiales en situaciones similares.
Investigación y protocolos en el punto de mira
El caso ha sido asumido por la Policía Nacional y el Ministerio Público, que tendrán la responsabilidad de determinar cómo se desarrollaron los hechos y si se respetaron los procedimientos establecidos sobre el uso de la fuerza. La normativa vigente, en particular el Decreto Legislativo N.º 1186, establece principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de armas de fuego por parte de los efectivos policiales.
Las pericias balísticas y las declaraciones de testigos serán fundamentales para esclarecer si el disparo fue producto de una acción imprudente o si hubo factores adicionales que contribuyeron a la tragedia. La comunidad espera que la investigación sea transparente y que se tomen las medidas adecuadas para evitar que incidentes similares ocurran en el futuro.
Posible aplicación del fuero militar policial
En medio de este contexto, se ha generado un debate sobre la aplicación del fuero militar policial en este caso. Recientemente, el Congreso peruano aprobó modificaciones al Código Penal Militar Policial y al Nuevo Código Procesal Penal, lo que permitiría que ciertos delitos cometidos por policías en ejercicio de sus funciones sean tratados preferentemente por la jurisdicción militar policial. Esto podría influir en cómo se tramitará el caso del suboficial Chumbe.
Si se determina que el disparo ocurrió “en acto del servicio”, el proceso podría ser llevado bajo esta jurisdicción, lo que generaría preocupación entre los ciudadanos sobre la posibilidad de que se eviten sanciones más severas. La normativa prevé penas más duras en casos donde la actuación policial resulte en la muerte de una persona, especialmente si se comprueba complicidad con organizaciones criminales o abuso de función.
La decisión sobre la competencia del caso recaerá en la Sala Penal de la Corte Suprema, que deberá resolver si corresponde al fuero ordinario o al militar policial, en función de los resultados de la investigación y la interpretación de las leyes vigentes. La comunidad espera que se actúe con responsabilidad y que se priorice la justicia para Junior y su familia.
La tragedia de Junior no solo ha dejado un vacío en su familia, sino que ha encendido un debate sobre la actuación de las fuerzas del orden en situaciones críticas. La comunidad de Huacho observa con atención los avances de la investigación, esperando que se tomen medidas que garanticen la seguridad de todos los ciudadanos y eviten que otra vida se pierda en circunstancias tan lamentables.
