La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ha determinado una indemnización total de $49 millones para un pasajero que sufrió lesiones graves en un colectivo tras un frenado abrupto. El accidente ocurrió el 11 de junio de 2021 en Liniers, Buenos Aires, cuando un hombre de 38 años, agente de la Policía Federal, perdió el equilibrio y cayó dentro de la unidad, resultando en una fractura en la pierna derecha y otras lesiones. Esta decisión judicial no solo marca un precedente en la responsabilidad de las empresas de transporte público, sino que también destaca la importancia de garantizar la seguridad de los pasajeros.
Detalles del accidente y lesiones sufridas
El incidente se produjo cuando el chofer del colectivo realizó una maniobra de frenado brusco al llegar a una intersección. El pasajero, que viajaba en el vehículo, se salió de su asiento y cayó, provocándose una fractura en la pierna y otras lesiones que requirieron atención médica inmediata. Tras el accidente, fue trasladado a un hospital donde recibió tratamiento por sus heridas. La demanda presentada incluyó reclamos por incapacidad física y psíquica, así como por daño moral y gastos médicos.
La batalla judicial por la indemnización
El expediente judicial fue iniciado poco después del accidente, y el pasajero aportó documentación y pruebas sobre las secuelas sufridas. En septiembre de 2025, el juzgado de primera instancia reconoció una indemnización de $29.300.000, a lo que se sumaron intereses y costas. Sin embargo, ambas partes apelaron la decisión, cuestionando tanto los fundamentos como los montos reconocidos. La Cámara Civil, al analizar el caso, enfatizó que la empresa de transporte tiene una obligación de garantizar la seguridad de sus pasajeros, lo que la exime de responsabilidad solo si puede probar una causa ajena.
Evaluación de daños y porcentaje de incapacidad
La discusión central en el tribunal giró en torno a la cuantía de los daños. Un perito médico determinó que el pasajero tenía una incapacidad física parcial y permanente del 4%, mientras que una perita psicóloga estableció un 25% de incapacidad psíquica. La Cámara aplicó el método Balthazard, que considera los ingresos anuales y la expectativa de vida laboral, fijando la incapacidad combinada en un 18,4%. Con estos datos, la indemnización por incapacidad sobreviniente fue elevada a $39 millones, mientras que el daño moral se mantuvo en $10 millones.
Responsabilidad de la empresa de transporte
El tribunal también destacó que no hubo pruebas ni testimonios que eximieran a la empresa de responsabilidad. Un acta policial, la historia clínica del pasajero y el uso de la tarjeta SUBE en el colectivo fueron elementos clave en la decisión. La falta de evidencia que demostrara una causa ajena a la empresa fue determinante para que la Cámara fallara a favor del pasajero. La decisión fue adoptada con mayoría, aunque hubo una disidencia parcial respecto al método de cálculo de la indemnización.
Implicaciones del fallo y próximos pasos
La indemnización total, que supera los $49 millones, incluirá intereses que se fijaron en un 8% anual desde la fecha del accidente hasta la sentencia, y la tasa activa del Banco de la Nación Argentina desde ese momento hasta el pago efectivo. Además, la Cámara ordenó la adecuación de los honorarios profesionales de abogados, peritos y mediadores en función del nuevo monto de condena. Este fallo no solo implica una reparación económica significativa para el pasajero, sino que también establece un precedente importante en la responsabilidad de las empresas de transporte público en casos de accidentes.
Reacciones ante el fallo judicial
Las reacciones ante este fallo han sido variadas. Mientras que algunos abogados y expertos en derecho ven en él un avance en la protección de los derechos de los pasajeros, otros señalan que se debe profundizar en la regulación de la seguridad en el transporte público. Este caso podría abrir la puerta a más demandas por accidentes similares, ya que establece un estándar claro sobre la responsabilidad de las empresas de transporte.
Reflexiones sobre la seguridad en el transporte público
Este accidente resalta la necesidad de una revisión exhaustiva de las normas de seguridad que rigen el transporte público en Argentina. Con un aumento en la cantidad de pasajeros que utilizan colectivos diariamente, es fundamental que las empresas implementen medidas que aseguren la integridad física de todos los usuarios. La decisión de la Cámara Civil podría ser un catalizador para que se tomen acciones más efectivas en la prevención de accidentes y en la mejora de las condiciones de viaje.
La indemnización de casi $50 millones no solo es un alivio para el pasajero afectado, sino que también sienta un precedente importante en la lucha por una mayor seguridad en el transporte público. Las empresas deben estar preparadas para asumir sus responsabilidades y garantizar un servicio seguro y eficaz para todos sus usuarios.
