El Riachuelo, el curso de agua que marca el límite sur del barrio de Barracas y separa la Ciudad de Buenos Aires del conurbano bonaerense, acumula más de 200 años de contaminación industrial, domiciliaria y agropecuaria. El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 8 de julio de 2008 —conocido como el «Fallo Mendoza»— ordenó a los tres estados responsables (Nación, Provincia y Ciudad) sanear la Cuenca Matanza-Riachuelo (CMR) en un plazo determinado. Dieciocho años después, el balance es de avances parciales, incumplimientos y un proceso judicial que no tiene fecha de cierre.
El estado del saneamiento en 2026
Según el informe anual de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) de 2025, se relocalizaron 15.800 familias de las 17.771 identificadas en el polígono de riesgo ambiental. El 95% de los 2.000 basurales relevados fue erradicado. Las industrias volcadoras fueron reducidas de 4.000 a 1.200 activas en la cuenca. Sin embargo, los parámetros de calidad del agua todavía no cumplen con los estándares mínimos establecidos por el fallo para ningún tramo del río: el oxígeno disuelto, la DBO (demanda biológica de oxígeno) y los metales pesados siguen superando los límites habilitados para uso recreativo.
Lo que se hizo y lo que falta en Barracas
En el tramo correspondiente a Barracas, el Camino de Sirga —la franja de 35 metros junto al río que debe estar libre de obstáculos— fue recuperada en un 80% y convertida en un paseo público con bicisenda, bancos y árboles nativos. El puente Nicolas Avellaneda fue restaurado. Sin embargo, los vecinos de Villa Inflamable y los asentamientos del margen sur siguen esperando la relocalización de las 1.971 familias pendientes. El defensor del pueblo bonaerense, Walter Martello, declaró en 2026 que «el Riachuelo es el caso más largo y complejo de litigio ambiental de la historia argentina y seguirá siéndolo por al menos una década más».
