Para evitar cualquier accidente, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad desalojó y tapió una estación de servicio en vista de que esta no cumplía con los requisitos básicos para su funcionamiento y además ponía en riesgo la vida de los vecinos de Barracas.
El caso fue llevado adelante por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental, a cargo del Fiscal Blas Michienzi.
La compañía había sido cerrada el pasado mes de septiembre por la Dirección General de Control Ambiental del Gobierno de la Ciudad, tras registrarse serias irregularidades en los requerimientos necesarios para su habilitación. No obstante siguió su funcionamiento, en clara infracción del artículo 74 del Código Contravencional (Violar clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa o incumplir sanción sustitutiva o accesoria impuesta por autoridad judicial).
Además de llevar a cabo tareas de carga y descarga de combustible sin la habilitación que garantiza las medidas de seguridad reglamentarias, el predio funcionaba sin autorización como estacionamiento de vehículos de larga distancia y rodados particulares. Esta situación generó numerosas quejas de los vecinos, debido al intenso tránsito de vehículos pesados.
Se trataba de una estación de servicio de las llamadas “sin bandera”, no afiliada a ninguna empresa reconocida del rubro, situada en una estructura en la que había funcionado una YPF (en el barrio de Barracas, a pocas cuadras del Riachuelo).
Luego de ser constatadas estas irregularidades por el área de Investigaciones de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, el Fiscal exigió el desalojo otal de la estación y se procedió a clausurar el lugar por encontrarse afectadas las condiciones de seguridad y del medio ambiente para todos los vecinos del lugar.
El dueño de la estación enfrenta una pena que va de los 60 mil a los 120 mil pesos de multa, o bien a una pena de prisión de siete a veinticinco días.
