El controversial caso de la FIFAGate pica y se extiende. En lo último se conoció que la diputada nacional electa Graciela Ocaña solicitó este martes a la jueza Federal María Servino de Cubría que se trabe el embargo preventivo sobre la sucesión de Julio Grondona dentro de la causa en la que se investigan supuestos delitos de corrupción que podrían derivar de la creación del Programa Fútbol para Todos (FPT).
La mujer pidió también que sea llamado a indagatorio el ex funcionario Carlos Zannini y a Pablo Paladino, ex coordinador de Fútbol para Todos.
Ocaña actuó tras conocer la declaración de Alejandro Burzaco– ex gerente general de Torneos y Competencias-, quien admitió haber cancelado coimas millonarios y de paso en dólares al ex titular de la AFA, así como a algunos ex funcionarios K. En el documento entregado a la juez Federal, la senadora pidió el avance sobre el patrimonio que dejó a su familia Julio Grondona, fallecido en julio de 2014.
«Alejandro Burzaco se refirió a los manejos espurios de los fondos de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), que efectuaba Julio Humberto Grondona«, señala el escrito.
Según apuntó en su declaración ante la Justicia de Estados Unidos, el pago de sobornos a Grondona tuvo lugar desde el 2005 y hasta la fecha de su fallecimiento.
La diputada indicó que el pago de coimas se estableció como una práctica «utilizada para obtener apoyo, lograr la continuidad de los contratos existentes y, en algunos casos, para eliminar a la competencia».
En función de esto, Ocaña sostiene en su escrito presentado en el Juzgado de Servini de Cubría que los sobornos «se habrían pagado para mantener y/o obtener los derechos de televisación y/o marketing de los partidos amistosos de la Selección Nacional y las copas mundiales 2018, 2022, 2026 y 2030».
