Daniel Arroyo pidió la renuncia de Gonzalo Calvo

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El Ministerio de Desarrollo Social llevó adelante la compra de alimentos. Adquirieron productos como arroz, fideos, lentejas y aceite, en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus en el país. El ministro de este ámbito, Daniel Arroyo, aprobó la normativa para que se realice esta operación.

Por medio del Decreto 260/20, se amplió por un año el alcance de la emergencia pública. Así lo explican las normativas que se publicaron en el Boletín Oficial.

Asimismo, este hecho generó intensa repercusión y crítica hacia el funcionario. Lo que no hizo más que terminar en la solicitud de renuncia del encargado de realizar la compra.

Trascendió que el nombre del funcionario es Gonzalo Calvo, secretario de Articulación de política Social. Este quedó en el ojo de la tormenta luego de que se diera a conocer que la compra de fideos y de aceite fueron se realizaron por encima de los precios testigos que recomienda la SIGEN.

A su vez, esta solicitud de renuncia es la consecuencia más importante que surgió del sumario interno que se inició en Desarrollo Social. Ese mismo día fue el anuncio oficial de la compra de los alimentos.

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Daniel Arroyo y otros dirigentes políticos opinaron sobre la compra de alimentos con sobreprecio

Desde la cartera que preside Arroyo no se descarta que otros funcionarios también les afecten las medidas similares a las que padece en la actualidad Calvo.

Por supuesto, este hecho no lo perdonó la oposición. Incluso fue Patricia Bullrich quien salió a dar su contundente consideración. Al respecto señaló la cantidad concreta que pagaron desde el Ministerio de Desarrollo Social.

 “Se pagaron 108 millones de pesos de más en azúcar, aceite y lentejas. El ministro Arroyo dice que eso sucedió porque los fabricantes se le ‘plantaron’. Entonces, ¿los precios máximos son para la tribuna?”.

En ese mismo orden continuó Nicolás Del Caño, quien utilizó su Twitter para referirse al respecto. Refirió que el Gobierno pagó algunos alimentos por encima de lo que se estipuló como precios máximos.

“No se puede permitir que se especule con el hambre. Hay que confiscar a los grandes monopolios alimenticios para garantizar la comida para millones de personas que lo necesitan”.