Cámara de Casación Penal validó escuchas en causa Maldonado

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La Cámara de Casación Penal ratificó la eficacia de las escuchas telefónicas que ordenó el juez Guido Otranto, durante la investigación que buscaba el paradero de Santiago Maldonado. Las conversaciones podrían utilizarse en la investigación por falso testimonio y asociación ilícita.

Asimismo, la justicia determinó que las grabaciones telefónicas que se llevaron a cabo a familiares y conocidos de Maldonado durante la investigación podrán ser de utilidad en las querellas que mantiene el Gobierno, donde acusa a organismos y referentes mapuches por “falso testimonio”.

En ese sentido, Casación rechazó la apelación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, respecto a la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que ratificó las escuchas que ordenó Otranto. El juez intentaba con las escuchas obtener datos que condujeran al paradero del joven que desapareció.

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Cámara Federal también validó las escuchas de causa Maldonado

En mayo de 2018, el juez Gustavo Lleral anuló la medida y ordenó la destrucción de los registros que obtuvieron. La decisión de Lleral se basaba en que las escuchas afectaban los derechos a la privacidad y libertad de los individuos. No obstante, meses después en agosto de 2018 la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia los garantizó, y ahora los ratificó Casación.

De hecho, según dio a conocer Clarín, las escuchas serían diálogos entre Sergio Maldonado y Claudina Pilquiman, la madre de Lucas Naiman Pilquiman, a quien se conoce como Testigo E. Además, hay conversaciones entre el abogado de APDH, Fernando Cabaleiro y Ariel Garzi, amigo de Maldonado, mismas que se produjeron durante la investigación.

Para finalizar, desde el Gobierno aseguran que hubo “complicidades” en torno al caso Maldonado, y buscan avanzar judicialmente para comprobar si hubo intenciones de entorpecer la investigación. “Estas escuchas son fundamentales para revelar las complicidades que se urdieron con el fin de armar el caso Maldonado”, indicó a Clarín Fernando Soto, asesor legal del Ministerio de Seguridad.